20 de febrero de 2020
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El Concepto de “Carga Pública” de la Administración Trump es un Ataque a las Familias Inmigrantes

(La Isla Magazine, Mayo 2018) ~ HHI, SC. INFORMACIÓN ACERCA DEL REGLAMENTO PROPUESTO. Por National Immigration Law Center. Desde que Trump llegó a la presidencia en enero del 2017, las acciones en inmigración de su administración han generado mucho miedo en las comunidades inmigrantes, además de desconfianza en los programas gubernamentales y han evitado que personas elegibles accedan al cuidado médico y a otros servicios y beneficios imprescindibles.

A principios de enero de 2018, el Departamento de Estado de Estados Unidos revisó el Manual de Relaciones Exteriores (FAM en inglés) en el concepto de “carga pública”.  El Departamento de Seguridad Nacional informó a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB en inglés) que planea proponer regulaciones para descartar viejas políticas sobre la definición y aplicación de las provisiones de “carga pública” de la ley de inmigración.

Estas instrucciones revisadas del Departamento de Estado recalcan los intereses de la administración de restringir la inmigración familiar y desalentar a inmigrantes a obtener servicios vitales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS en inglés) también trabaja en un anuncio de modificación normativa (NPRM en inglés) proponiendo cambios al gobierno federal sobre la vieja política de carga pública.

 

¿Qué tan pronto puede el reglamento entrar en rigor? El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional al OMB indica que la modificación podría ser publicada en julio de 2018.Sin embargo, el cambio podría ser publicado en el Registro Federal mucho antes de lo que se planeó en el comunicado original. El borrador se envió a OMB el 29 de marzo, 2018 y aún se encontraba bajo revisión en el momento donde se escribe este texto. Anticipamos que la modificación podría estar disponible para comentarios públicos en un futuro muy cercano.

 

¿Qué haría el reglamento propuesto? La adopción de las regulaciones propuestas marcaría una situación sin precedentes, de la prolongada interpretación de las reglas sobre carga pública. Si el borrador fuera adoptado, los oficiales de inmigración podrían considerar a cualquier individuo o alguno de sus familiares dependientes directos, incluyendo menores de edad que sean ciudadanos estadounidenses, como carga pública si hubieran recibido virtualmente cualquier servicio público. Los servicios que pueden ser considerados como carga pública son, Medicaid que no sea de emergencia, CHIP, SNAP, WIC, cupones de alquiler Sección 8, Programas de Asistencia en Electricidad para Familias de Bajos Ingresos, crédito tributario por ingreso del trabajo (income tax) y la asistencia financiera en el mercado de seguro de salud, Obamacare.

El borrador de la modificación (NPRM) también determina los factores “de peso” para determinar que es carga pública. Los factores negativos incluyen haber recibido beneficios en los pasados 36 meses antes de buscar ser admitido en el país o de pedir una extensión o cambio a un estado de no inmigrante, o residente legal permanente. Los factores positivos incluyen tener bienes, recursos y pasar el límite federal de pobreza en al menos un 250%.

Ciertos beneficios pueden ser eximidos de la determinación de carga pública, incluyendo beneficios “ganados” por haber trabajado en el servicio militar, préstamos y fondos obtenidos en situaciones de emergencia.  Adicionalmente el borrador excluye la matrícula universitaria preferencial (in-state tuition), préstamos gubernamentales para estudios y ciertos servicios de emergencia – incluyendo el Medicaid de emergencia.

El borrador expresa que los beneficios en especie serán excluidos de considerarse carga pública solo cuando sean recibidos 60 días antes de que el reglamento quede en firme y publicado por el Registro Federal. Adicionalmente, el borrador provee una opción para ciertos individuos de hacer un depósito en forma de fianza o en efectivo para no ser considerados carga pública, pero esta opción no está disponible para cualquiera que reciba beneficios públicos y no queda claro cómo funcionaría en la práctica.

Las familias inmigrantes ya se preocupan al pensar que el uso de programas gubernamentales podría afectarles en futuras oportunidades en la regulación de sus estados migratorios. Cualquier regulación que fuerce a millones de familias a escoger entre la negación de su estado migratorio y tener comida o salud podría agravar serios problemas de hambre, salud, pobreza infantil y de falta de vivienda, que traerían serias consecuencias para el bienestar de las familias y para el éxito y prosperidad de la comunidad en general en el largo plazo. 

¿Qué es Carga Pública? Carga pública es un motivo para negar la admisión a Estados Unidos que ha existido por más de 100 años. Bajo las leyes actuales, ciertos no ciudadanos que buscan entrar al país u obtener estado de residente legal permanente (LPR en inglés) debe demostrar, basado en todas las circunstancias, que en el futuro no dependerían del gobierno para subsistir.

¿Quienes serían afectados? El reglamento sobre carga pública principalmente afecta a los no ciudadanos que están aplicando para residencia permanente a través de una petición familiar. Es importante señalar que algunos inmigrantes no son sujetos a ser considerados carga pública en esta regulación. Bajo la ley federal, que no puede ser cambiada por medio de un reglamento o guía administrativa, las siguientes categorías de no ciudadanos no son sujetos a la prueba de carga pública: refugiados, asilados, sobrevivientes de tráfico humano, violencia doméstica, u otros crímenes serios (solicitantes y beneficiarios de visa T o U), auto peticiones de VAWA, estatus especial para inmigrantes menores, personas que cuentan con excepciones y otras muchas categorías de inmigrantes. Además, los residentes legales permanentes tampoco están sujetos a comprobar que no son carga pública cuando solicitan la ciudadanía estadounidense. estas excepciones están codificadas en la ley y no pueden cambiar por acciones ejecutivas o administrativas.

Puntos claves de tener en cuenta

¿Por qué debemos de hablar de esto?

 

  • Los inmigrantes tienen una alta tasa de empleo comparados con los ciudadanos por nacimiento, pero usualmente toman trabajos que pagan mucho menos que a sus contrapartes. Las familias inmigrantes pagan trillones de dólares en impuestos que contribuye a los programas gubernamentales. Para las personas que trabajan por salarios mínimos, la asistencia en la salud y la nutrición beneficia a sus familias a estar saludables, además de asistirles a prosperar y aportar a sus comunidades. De hecho, que los niños de bajos ingresos que sus padres son extranjeros son menos propensos a recibir SNAP o Medicaid que los niños con padres ciudadanos. Un millón de niños latinos, donde el 95% son ciudadanos por nacimiento, son elegibles para recibir Medicaid o CHIP, pero no se registran.
  • Regulaciones como las del borrador propuesto tienen la intensión de desanimar a personas trabajadoras a inmigrar además de desalentar a familias inmigrantes, que en la mayoría cuentan con hijos que son ciudadanos estadounidenses, a buscar ayuda cuando la necesiten. Invertir en nutrición, salud, y otras necesidades esenciales mantienen a los niños aprendiendo, a los padres trabajando, y a las familias fuertes, además permite que todos podamos contribuir completamente a nuestras comunidades. 
  • Las leyes federales y estatales que protegen la privacidad de las personas que solicitan o reciben cobertura de salud, nutrición, apoyo económico o cualquier otro beneficio público aún están vigentes. En general, Medicaid, seguro médico obtenido a través de Obamacare, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés y antes llamado estampillas de comida - food stamps), y otros programas públicos solo pueden recoger la información necesaria para determinar si califica para los programas. Las solicitudes para beneficios públicos no deben solicitar información acerca del estado inmigratorios de los miembros de la familia que no estén solicitando el beneficio y, con muy limitadas excepciones, las agencias podrían compartir la información con otras agencias gubernamentales solo con el propósito de administrar sus propios programas.
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